martes, 3 de mayo de 2011

En Santiago Privatización cobro arbitrios genera protestas


La Regidora perredeísta ante la Sala Capitular de Santiago, licenciada Amarilis Baret, criticó la aporbación de un  contrato entre la alcaldía y una empresa privada, para que esta se encargue del cobro de arbitrios, especialmente de terrenos.
    "Ante esa situación exhortó al pueblo a movilizarse para defender los derecchos e intereses de la colectividad", proclamó.
    El pasado viernes, con una limitada presencia de concejales, se aprobó el contrato entre la alcaldía y la empresa NP, denominado “proyecto de gestión inmobiliaria”, a pesar de que en una sesión anterior había sido rechazado por ese organismo deliberativo.
    Baret dijo que el proceso de oposición comenzará en la próxima sesión de los concejales, cuando el área jurídica del Pal presente una instancia, con el propósito de que se deje definitivamente sin efecto el contrato en cuestión “porque insistimos que lesiona los intereses de la mayoría de los residentes en este municipio, especialmente en lo relativo a los cobros de terrenos municipales”.
    Sostuvo  si se mantiene  el contrato que en la próxima  sesión se mantenga la posición de ceder esa responsabilidad del cabildo a la referida empresa privada, pondrá en marcha un plan de acción “donde defenderemos el derecho de los residentes aquí, de vivir en paz y sosiego, porque serían sometidos a presiones para que paguen de manera coercitiva”.
    Baret instó a las juntas de vecinos y a todos los sectortes de Santiago unirse y lanzar una cruzada  con el objetivo de que la Sala Capitular deje sin efecto esa resolución “que solo beneficia económicamente a un grupo cercano al alcalde Gilberto Serulle”.
 
Califica irregular aprobación resolución municipal

El regidor Rafael  (Papito) Cruz, del Partido Reformista Social Cristiano, afirmó que el Proyecto de Resolución sobre Contrato de Servicios para la administración de los Solares Municipales, aprobado por el Concejo de Regidores en la pasada sesión de la Sala Capitular, es nulo de nulidad absoluta, por violentarse todos los procedimientos establecidos en la ley 176-07,  del Distrito Nacional y los Municipios.
    El legislador municipal considera que tras el rechazo de dicho proyecto en una pasada sesión “el mismo no  debió reintroducirse como nuevo, ya que el plazo para la presentación del  recurso de reconsideración  por parte del interesado había perimido, por lo que el proyecto quedaba sobre la mesa y  no debió ser objeto de una nueva discusión”.
   Explicó que rechaza dicho contrato por considerarlo violatorio a la ley municipal tras advertir varios aspectos legales que lo hacen irregular, entre los cuales citó que “el mismo no puede estar aprobado sobre la base de una renovación automática o tacita reconducción, sino que al estar en juego bienes públicos, debe renovarse sujeto a discusión entre las partes, esto obliga a un denuncia previa del vencimiento que debe establecerse en dicho contrato”.
Dijo que el contrato establece valores como recompensa por los servicios contratados a la Empresa NP Inmobiliaria, S.A., que varían entre un 10  a un 15% por concepto de incrementos de la recaudaciones “pero no establece los honorarios variables, sobre todo si hay descenso en el pago o déficit en el cobro de los impuestos, es decir si el cobro de los tributos desciende a partir de la entrada en vigencia del amañado contrato ¿Cuál sería la penalidad para la empresa contratada?.”
Indicó que tras la aprobación de dicha resolución municipal, la ley deja abierta las vías de los recursos que los interesados.